La solicitud de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) va dirigida principalmente al ministro de Justicia chileno, Luis Cordero y al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo.

Ante el delicado estado de salud del preso político mapuche Héctor Llaitul Carrillanca, debido a la huelga de hambre que sostiene desde hace 70 días, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) solicitó al Gobierno de Chile su traslado a un centro penitenciario que cuente con un módulo para comuneros mapuche.

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La solicitud de esta agrupación va dirigida principlamente al ministro de Justicia chileno, Luis Cordero y al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo quienes deben hacer cumplir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que pauta la aplicación de la justicia y las obligaciones del Estado de garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

Estos funcionarios son los que deben ordenar al director de Gendarmería, Sebastián Urra, el movimiento de Héctor Llaitul hacia un centro penitenciario mapuche, esto, teniendo en cuenta que el preso político es miembro de este grupo.

«Hacemos esta petición por razones humanitarias, bajo la comprensión que la vida y la dignidad de las personas constituyen valores superiores en una sociedad civilizada», subraya el comunicado.

Añaden que «el traslado de un preso político mapuche a un recinto carcelario responde a la normativa del Convenio 169, además de ser una muestra de sensibilidad humana, enaltece a la autoridad por la valoración de los Derechos Humanos».

Siguiendo esta línea, el estado de salud de Llaitul se expone ya a un riesgo de muerte y la organización apunta que «la responsabilidad (es) de las autoridades de gobierno» que tiene en sus manos «evitar un desenlace fatal».

«Entendemos que lo que solicitamos es justo, y tiene su fundamento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que precisamente establece que, en la imposición de sanciones penales a miembros de pueblos originarios debe tenerse en cuenta las características económicas, sociales y culturales de dichos miembros», indica la Agrupación.

Por último, el comunicado resalta que la solictud de la Agrupación está «respaldada en (la) lucha por décadas por la verdad, justicia y la defensa de los derechos humanos».

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